San Luis Potosí, SLP.- La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Zarazúa Martínez, señaló que el hecho de que una parte importante de las personas privadas de la libertad permanezca sin sentencia responde a distintos factores, entre ellos la complejidad de los procesos judiciales, la carga laboral de los juzgados y las estrategias legales implementadas por las defensas.
Lo anterior, luego de que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelaran que al cierre de 2025 más de la mitad de la población penitenciaria en San Luis Potosí aún no contaba con una resolución definitiva.
“Sí es verdad, tanto la Corte Interamericana como la Suprema Corte de Justicia han determinado algunos parámetros en ese sentido. Sin embargo, tenemos que atender a lo que nos prevé el Código Nacional y también a la situación particular de cada persona”, señaló.
La magistrada explicó que cada expediente presenta circunstancias particulares y afirmó que, en algunos casos, la duración de los procedimientos también depende de las decisiones tomadas por los abogados defensores, quienes no siempre recurren a mecanismos legales que podrían acelerar la definición de la situación jurídica de sus representados.
“La realidad es que también debemos considerar que depende mucho de los procedimientos y cómo lo lleven los defensores. Tengo asuntos en los que nunca pidieron beneficios y pudieron haberlo hecho”, afirmó.
Asimismo, reconoció que el Poder Judicial enfrenta una elevada carga de trabajo; sin embargo, precisó que ese no es el único elemento que influye en los tiempos de resolución, ya que también existen recursos promovidos por las partes o incumplimientos de requisitos que prolongan los juicios.
“¿Tenemos saturación? Sí, claro, tenemos mucho trabajo. Pero también los procesos, de pronto, las mismas partes los alargan porque interponen muchos recursos o porque no cumplen con los requisitos para acceder a determinados beneficios”, explicó.
Zarazúa Martínez informó que el STJE mantiene una revisión constante de los expedientes de personas que permanecen en prisión preventiva sin sentencia y trabaja de manera coordinada con la Defensoría Pública para detectar casos susceptibles de agilizarse.
“Estamos buscando sacar una estadística de los asuntos que no se ha dictado algún tipo de sentencia para revisar qué está pasando, sobre todo en los que ya tienen muchos años, para ver desde nuestro lado si hay algo en donde podamos hacer al respecto”, indicó.
La presidenta del Supremo Tribunal añadió que actualmente se integra una base estadística específica para identificar los asuntos que llevan varios años sin resolución y analizar si existen acciones institucionales que permitan reducir esos tiempos.
Según información publicada previamente por Astrolabio, al cierre de 2025 el 51.8 por ciento de las personas recluidas en los centros penitenciarios de San Luis Potosí seguía sin sentencia, porcentaje que se ubicó por encima de la media nacional. Aunque la mayoría de los casos correspondía a personas con menos de dos meses en prisión preventiva, también se documentaron expedientes con más de dos años sin una resolución judicial.
