Corte da 20 días al Congreso para acreditar avances en consultas obligatorias
San Luis Potosí, SLP.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió nuevamente al Congreso del Estado que informe las acciones realizadas para cumplir con la sentencia que lo obliga a llevar a cabo consultas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad. El máximo tribunal otorgó un plazo de 20 días hábiles para acreditar avances y advirtió que, de persistir el incumplimiento, podría imponer multas de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, y al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Roberto García Castillo.
La determinación fue emitida el 1 de julio dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023, luego de que el coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado, Walter Alfonso Espinoza Huerta, informara sobre una reunión celebrada el pasado 26 de mayo con personal de la SCJN para revisar el estado que guarda el cumplimiento de la resolución judicial. En ese informe también señaló que existen limitaciones sociales, económicas, presupuestales, logísticas y de tiempo para desarrollar los procesos de consulta.
Como parte del requerimiento, la Corte instruyó al Poder Legislativo a demostrar las gestiones realizadas ante el Poder Ejecutivo y otras instancias para obtener los recursos necesarios que permitan organizar las consultas. Asimismo, deberá entregar un cronograma que detalle las etapas, plazos y acciones previstas para su desarrollo durante 2026, así como las actividades posteriores para armonizar la Ley de Educación del Estado conforme a lo establecido en la sentencia.
Este nuevo requerimiento ocurre después de que el propio Congreso reconociera, durante el mes de mayo, que no dispone del presupuesto suficiente ni de una estrategia definida para atender las resoluciones de la SCJN. En ese contexto, las y los legisladores informaron que elaboran un protocolo con el objetivo de reducir hasta en un 80 por ciento el costo de las consultas, estimado en aproximadamente 15 millones de pesos, además de analizar un convenio con el Gobierno del Estado para incorporar al INDEPI en la organización de los ejercicios.
Las consultas fueron ordenadas por la Suprema Corte luego de invalidar procesos anteriores al detectar irregularidades en su realización. Hasta que dichos ejercicios sean efectuados con pueblos y comunidades indígenas, comunidades afromexicanas y personas con discapacidad, el Congreso del Estado no podrá concretar las modificaciones a la Ley de Educación del Estado.
