San Luis Potosí.- El Congreso del Estado aprobó el dictamen de reforma constitucional en materia del Poder Judicial que propone diversos ajustes al nuevo modelo de elección de personas juzgadoras, entre ellos el aplazamiento de la próxima elección judicial federal y local hasta 2028, así como modificaciones en los procesos de selección y evaluación de aspirantes.
La iniciativa, enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, busca perfeccionar el esquema de elección popular de jueces, magistrados y ministros a partir de la experiencia obtenida durante el Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2024-2025, con el objetivo de fortalecer su operación y funcionamiento institucional.
Durante la discusión del dictamen, la presidenta del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, fijó una postura crítica respecto a la reforma judicial impulsada a nivel federal, señalando diversas reservas sobre el modelo que actualmente se implementa en el país. Sin embargo, al momento de la votación emitió su voto a favor del dictamen, respaldando las modificaciones planteadas.
Entre los cambios más relevantes aprobados se encuentra el ajuste de la fecha para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales estatales. Originalmente prevista para realizarse de manera concurrente con las elecciones ordinarias de 2027, la jornada electoral sería recorrida, por única ocasión, al primer domingo de junio de 2028.
La reforma también contempla la creación de una Comisión Coordinadora encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las personas aspirantes, además de establecer criterios homologados para la evaluación, selección y aplicación de exámenes de conocimientos.
Otro de los puntos centrales consiste en reducir el número de candidaturas por cargo. De acuerdo con el dictamen, cada poder limitaría sus listas preliminares a cuatro aspirantes y posteriormente, mediante un proceso de insaculación pública, postularía únicamente dos candidaturas por posición, garantizando la paridad de género.
Además, se modifica la organización territorial de la elección judicial, facultando al Instituto Nacional Electoral para definir la distribución de distritos judiciales dentro de cada circuito conforme al número de cargos por especialidad que deban renovarse.
La propuesta incorpora también la capacitación permanente y obligatoria para jueces y magistrados mediante programas impulsados por la Escuela Judicial y supervisados por el Tribunal de Disciplina Judicial.
Asimismo, plantea la creación de dos secciones especializadas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender asuntos de menor relevancia constitucional, con la finalidad de agilizar la resolución de controversias y optimizar la carga de trabajo del máximo tribunal del país.
Finalmente, la reforma busca homologar los procesos de elección judicial en los estados con las reglas federales, estableciendo criterios comunes en materia de procedimientos, requisitos, plazos y duración de los cargos.
De acuerdo con el documento presentado ante el Poder Legislativo, estas modificaciones pretenden simplificar el proceso electoral judicial, evitar la saturación de boletas, fortalecer la evaluación de aspirantes y mejorar la participación ciudadana en la integración de los órganos jurisdiccionales.
