San Luis Potosí, SLP.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, dio a conocer que a partir del mes de febrero el Poder Legislativo iniciará los ajustes necesarios para que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) se haga cargo de la organización de diversas consultas públicas que se encuentran pendientes por resoluciones judiciales, con la expectativa de que estos ejercicios puedan comenzar a aplicarse en marzo en temas indígenas, derechos humanos y educación inclusiva.
El legislador detalló que, tras un análisis jurídico, se concluyó que el CEEPAC puede integrar dichas consultas dentro de los procesos que ya tiene programados, lo que permitiría al Congreso cumplir con las sentencias que lo obligan a realizarlas.
“Eso es algo que me parece va a fluir. Hemos ya iniciado el acuerdo con el CEEPAC y creo que muy pronto tendremos esta posibilidad como una alternativa y solventar lo que tenemos por resolver en el congreso relativo a las consultas”.
Serrano Cortés explicó que esta ruta se definió luego de una reunión sostenida en diciembre con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que se analizaron los alcances legales de las consultas ordenadas al Congreso local.
Ante este escenario, y con la presión de cumplir los fallos judiciales, el Congreso del Estado determinó solicitar el apoyo del organismo electoral, al considerar que dispone de la capacidad técnica y operativa necesaria para implementar los mecanismos de participación ciudadana, incluso mediante actividades informativas que ya comenzaron a prepararse tras el envío de un oficio.
Entre las consultas que permanecen pendientes se encuentran la relativa al cambio del sistema de partidos a usos y costumbres en comunidades indígenas, otra en materia de derechos humanos y una más sobre educación inclusiva para personas con discapacidad, luego de que la Suprema Corte invalidara un capítulo completo de la Ley de Educación del Estado por haberse aprobado sin consulta previa. En total, el Congreso tiene al menos tres consultas obligatorias sin haber sido realizadas.
