agosto 5, 2026

Everardo Gonzalez Castanedo

Pese a casos como el de Ciudad Valles, las clínicas de salud mental permanecen vacías

San Luis Potosí, SLP.- El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que el homicidio de una mujer presuntamente a manos de su hijo, quien padecía esquizofrenia, en Ciudad Valles, encendió las alertas para revisar la atención a la salud mental en la entidad y reveló que las clínicas especializadas del estado operan, pero permanecen sin pacientes.

El mandatario señaló que uno de los principales retos es identificar oportunamente a las personas que padecen algún trastorno mental, ya que, dijo, en muchos casos las propias familias desconocen la condición de sus integrantes o, aun cuando la conocen, optan por no atenderla.

«El problema primero es identificar, porque hay muchas familias que no saben lo que tienen en su casa, que prácticamente no conocen, o no están enterados de un vecino o alguien que está enfermo mental, o cuando saben, no quieren atender el tema», expresó.

Gallardo Cardona indicó que, tras dialogar con la titular de la Secretaría de Salud, conoció que las clínicas de atención psiquiátrica del estado se encuentran en funcionamiento, aunque sin usuarios.

«Yo platicaba con la secretaria de Salud; todas nuestras clínicas mentales están funcionando, pero están vacías, no hay pacientes. No puede ser posible que no haya pacientes, que el gobierno, la sociedad, que todos no estemos trabajando para identificar a la gente que está mal y evitar la tragedia que sucedió en Ciudad Valles», declaró.

El gobernador añadió que el caso también abre el debate sobre el tratamiento legal de las personas con enfermedades mentales que cometen delitos, al señalar que diversos abogados consideran que quienes presentan trastornos que afectan sus facultades mentales no deberían permanecer en centros penitenciarios, sino recibir atención en clínicas psiquiátricas.

Finalmente, indicó que este tema deberá analizarse a profundidad, ya que podría derivar en criterios jurídicos sobre la atención y el tratamiento de personas con padecimientos mentales involucradas en procesos penales.