Reforma para sancionar el uso indebido de la inteligencia artificial, producto de consensos y la realidad actual.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí ratificó su compromiso con el respeto a la libertad de expresión y al trabajo de las y los periodistas, por lo que la reforma al Código Penal para sancionar el uso indebido de la inteligencia artificial, no afecta su labor a favor de una ciudadanía bien informada.
Las nuevas disposiciones legales, aprobadas por el voto de la mayoría de las y los integrantes de la LXIV Legislatura, está dirigidas para inhibir el uso malicioso de contenidos sintéticos y proteger la integridad de procesos electorales y la paz social, evitando el uso indebido de la inteligencia artificial en contenidos a los que tiene acceso la población en general.
Es falso que se afecte el trabajo de las y los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, al salvaguardar en todo su contenido la protección de la libertad de expresión y la creatividad, excluyendo de sanciones a quienes ejercen el periodismo, la investigación científica, realizan obras artísticas, parodias y crítica política, siempre y cuando no se busque causar alarma y no se oculte que el contenido es ficticio.
El problema público que originó este planteamiento legal, radica en que la inteligencia artificial, permite producir imágenes, audios y videos hiperrealistas capaces de simular voces y rostros reales, alterando la realidad. La reforma equilibra el avance tecnológico con la seguridad comunitaria resguardando la identidad digital, la dignidad humana, la paz pública, la seguridad informativa y la confianza institucional.
Se adicionó el artículo 187 TER y el Capítulo V «Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social», incluyendo los artículos 272 BIS y 272 TER al Código Penal del Estado; se establecieron penas de dos a seis años de prisión y multas de 200 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quienes fabriquen, modifiquen o difundan de manera dolosa contenidos falsos. Las penas pueden aumentar hasta en una mitad si los contenidos falsos se difunden durante procesos electorales, de seguridad pública o justicia, o mediante el uso de plataformas digitales.
Los riesgos que se combaten con esta reforma, son la suplantación de identidad digital, la creación y difusión de “deepfakes”, desinformación masiva y alarma social y simulación de actos institucionales falsos.
