julio 21, 2026

Everardo Gonzalez Castanedo

Taxistas mantienen presión sobre la SCT y reclaman regulación, costos y presuntos cobros irregulares

Taxistas mantienen protestas y exigen salida de titular de la SCT

San Luis Potosí, SLP.- El gremio taxista volvió a manifestarse este martes sobre avenida Chapultepec como parte del conflicto que mantiene desde hace meses con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del estado, cuya titular, Araceli Martínez Acosta, continúa siendo señalada por el sector, que exige su destitución.

La inconformidad se intensificó desde el año pasado tras la comparecencia de la funcionaria ante el Congreso del Estado, encuentro que los operadores consideraron insuficiente para atender sus demandas. Desde entonces, las protestas han girado en torno a la regulación de plataformas digitales, presuntos cobros irregulares y el trato de la dependencia hacia el gremio.

El 24 de marzo, taxistas se manifestaron en Plaza de los Fundadores y posteriormente, el 28 de abril, realizaron otra concentración frente al asta bandera de Salvador Nava. Más recientemente, el 15 de mayo, una comitiva acudió al Congreso del Estado para exponer nuevamente sus inconformidades ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Entre los principales reclamos se encuentra la supuesta falta de regulación para conductores de aplicación, así como denuncias de cobros que, según el gremio, no se realizan mediante canales oficiales de la SCT. Además, los operadores consideran excesivos algunos costos relacionados con cursos, evaluaciones y revisiones vehiculares.

La representante legal del movimiento, Natalia Castillo Vera, ha señalado previamente que las reuniones con autoridades no han generado soluciones concretas.

Por su parte, Luis Alberto Colorado Saavedra, integrante del colectivo, advirtió que las movilizaciones continuarán. “Nada más para aclarar la situación de las movilizaciones que hemos hecho y las movilizaciones que vamos a seguir haciendo”, expresó.

Hasta ahora, Martínez Acosta ha descartado renunciar al cargo, mientras que el gobierno estatal mantiene el llamado al diálogo sin que exista un acuerdo entre ambas partes.