San Cristóbal de las Casas, Chiapas.– Ante la falta de traductores en los tribunales y las dificultades que enfrentan miles de personas indígenas para comprender los procesos legales en su contra, fue inaugurado en esta ciudad un diplomado de nueve meses para formar intérpretes jurídicos que acompañen a integrantes de comunidades originarias durante sus juicios.
El programa surge en un contexto preocupante: en México, alrededor de ocho mil personas indígenas están privadas de la libertad sin haber contado con intérpretes o abogados que comprendan su lengua y cultura, situación que vulnera su derecho a una defensa adecuada. De ese total, Chiapas concentra el 42 por ciento de los casos, lo que evidencia la urgencia de fortalecer la atención lingüística en el sistema de justicia.
Sebastián Patishtán, coordinador del proyecto, advirtió que la ausencia de intérpretes agrava la condición jurídica de los acusados, ya que muchos enfrentan audiencias sin entender los cargos o los procedimientos.
“Cuatro de cada diez no tuvieron traductor-intérprete que entendiera lo que les estaban diciendo. Entonces eso ya es grave. Ahora, si a eso le sumamos que hay pocos traductores-intérpretes, eso también agudiza más todavía la situación en materia jurídica”, señaló.
Buscan cerrar brecha en tribunales
El diplomado tiene como meta formar a 140 intérpretes provenientes de 42 municipios, hablantes de lenguas como tseltal, tsotsil, zoque, chol y mam. La capacitación incluirá formación jurídica, lingüística y cultural, con el objetivo de garantizar interpretaciones precisas durante audiencias en instancias estatales y federales.
Abraham Hernández, rector de la Universidad José Vasconcelos, explicó que el programa contempla espacios específicos para cada lengua originaria, con coordinadores especializados que acompañarán el aprendizaje de los participantes.
Subrayó que, aunque la legislación mexicana reconoce el derecho de toda persona a comprender los cargos en su contra y el desarrollo de su proceso legal, en la práctica este principio aún no se cumple plenamente en muchas comunidades indígenas.
Escasez de intérpretes certificados
De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en Chiapas existen apenas 13 intérpretes certificados en materia de justicia, cifra insuficiente frente a una población superior a 1.4 millones de hablantes de lenguas originarias en la entidad.
Ante este panorama, quienes participen en el diplomado buscarán integrarse a instituciones como la Fiscalía Indígena y los juzgados del Poder Judicial estatal, con el fin de mejorar el acceso a la justicia y reducir los casos de personas procesadas sin comprensión plena de su situación legal.
Juan Carlos Díaz, intérprete de lengua tzotzil, explicó que su labor implica superar retos lingüísticos importantes, sobre todo al traducir términos jurídicos que no existen en algunas lenguas indígenas.
“Hay tecnicismos, palabras que no existían, pero contamos con un equipo que nos respalda. He atendido cerca de 50 casos recientes, muchos familiares y algunos penales”, detalló.
El proyecto cuenta con el respaldo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y busca no solo fortalecer la justicia intercultural, sino también preservar las lenguas indígenas como parte del patrimonio cultural vivo de México.
