San Luis Potosí, SLP.- Un total de 482 funcionarios públicos municipales fueron multados durante 2025 por ocultamiento de información, irregularidades en procedimientos de adquisición, falta de documentos comprobatorios y otras omisiones administrativas detectadas en las auditorías a las Cuentas Públicas de los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí.
La información fue dada a conocer por el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien precisó que el monto global de las sanciones asciende a 3 millones 322 mil pesos.
Estos recursos serán destinados al fortalecimiento de las labores de fiscalización y capacitación del organismo.
Las sanciones alcanzan a alcaldes, tesoreros y coordinadores de Desarrollo Social, entre otros servidores públicos responsables del ejercicio directo del gasto municipal. Las multas se concretaron tras la aplicación de un Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE), desarrollado en forma de juicio.
El Auditor Superior explicó que las multas se convierten en créditos fiscales que deben ser cubiertos con recursos personales de los funcionarios señalados, y no por los ayuntamientos auditados.
En caso de incumplimiento, podrían enfrentar sanciones adicionales, incluida la inhabilitación para ocupar cargos públicos o la imposibilidad de participar en futuros procesos electorales.
Lecourtois López subrayó que la multa es distinta al concepto de resarcimiento.
Mientras la primera funciona como un mecanismo de apremio para obligar al cumplimiento de requerimientos legales, el resarcimiento busca recuperar recursos públicos o corregir irregularidades detectadas en auditorías, como la reposición de obras o la devolución de montos observados.
El titular del IFSE señaló que en administraciones anteriores hubo menor rigor en la imposición de sanciones, lo que generó omisiones importantes en la entrega de información y en la comprobación del gasto.
Indicó que actualmente se mantiene una política de mayor exigencia en la rendición de cuentas para fortalecer la legalidad en el manejo de recursos municipales.
