Sin dictámenes jurídicos, permanece detenida reforma sobre protección a menores en planteles
San Luis Potosí, SLP.- La propuesta para crear protocolos obligatorios de atención ante casos de abuso sexual y maltrato infantil en escuelas continúa sin avanzar en la Comisión de Educación del Congreso del Estado, luego de que desde octubre pasado fue presentada y aún no se cuenta con las opiniones técnicas necesarias para su dictaminación.
El presidente de la comisión, Crisógono Pérez López, explicó que la iniciativa promovida por el diputado Luis Fernando Gámez Macías no pudo ser incluida en la sesión más reciente debido a la falta de posicionamientos formales de la defensoría y de la asesoría jurídica estatal. “La íbamos a presentar en la ocasión pasada, pero desafortunadamente no nos llegó la opinión de la defensoría y de la asesoría jurídica del Estado, y por esa razón no la incluimos”, indicó.
El legislador detalló que el planteamiento sigue en etapa de revisión, ya que deberá ajustarse para evitar que se repitan disposiciones ya contempladas en la legislación vigente y en protocolos existentes. “Hay algunas cosas que están dentro de los protocolos, dentro de la ley, y vamos a ver de qué manera las podemos aplicar sin que estemos haciendo una doble situación dentro de las leyes”, señaló.
Añadió que, una vez que lleguen los dictámenes pendientes, el tema podría retomarse en los trabajos de la comisión durante las próximas semanas, con el objetivo de lograr una propuesta funcional y aplicable en el ámbito escolar.
Pérez López afirmó que el análisis se realizará priorizando el interés superior de la niñez. “Vamos a ver de qué manera logramos que esto sea bueno para todos, sobre todo para los niños, que es lo más importante. Yo soy maestro y siempre buscamos que lo que se haga sea en beneficio de la educación, pero sobre todo en beneficio de los niños”, expresó.
La iniciativa fue presentada en octubre pasado con el acompañamiento de organizaciones civiles y plantea incorporar el artículo 83 Bis a la Ley de Educación del Estado, con el fin de establecer protocolos claros de actuación y la creación de un comité interinstitucional que actualice lineamientos y evite la revictimización de menores en entornos escolares.
