En lo que parece un alegato para malversar los recursos públicos, hace poco más de un año el organismo promotor del deporte incumplió con diferentes obligaciones sobre el manejo correcto del erario, lo que dejó en evidencia la falta de liderazgo del entonces director Joaquín García Martínez.
San Luis Potosí.-Durante el año 2024, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), determinó que el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte (Inpode), causó un posible daño a la hacienda pública estatal por un millón 801 mil 256 pesos.
De acuerdo con el número de auditoría AEFPO-05-PARFIP-2024, el ente fiscalizador revisó una muestra de 50 millones 205 mil 581 pesos, que representó el 86.9% del total ejercido durante el ejercicio fiscal 2024.
En la investigación a cargo de los auditores Erika Lagunas Zúñiga y Román de Jesús Ramos Ruíz, se determinaron 17 resultados con observación, de los cuales 4 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe.
Agregó que las 13 restantes indagaciones generaron las acciones siguientes: 3 pliegos de observaciones, 6 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 4 recomendaciones.
Analizó que al instituto con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI). Para ello, se aplicó un cuestionario de control interno con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados.
Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por el Inpode a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de valoración determinado para revisión, se obtuvo un promedio general de 70 puntos de un total de 100 en la evaluación practicada.
A DETALLE
En el Pliego de Observaciones AEFPO-05-PARFIP-2024-01-001, encontró un probable daño o perjuicio a la hacienda pública por 209 mil 844 pesos, en razón de la falta de documentación comprobatoria y justificativa del egreso.
En la continuación, atendió observaciones por 2 millones 545 mil 573 pesos, sin embargo, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa que acredita el egreso de 209 mil 844 pesos de pago de servicios por energía eléctrica, gas y agua; arrendamiento de equipo de fotocopiado y equipo de transporte.
Por su parte, en el Pliego de Observaciones AEFPO-05-PARFIP-2024-01-002 sobre la revisión de los registros contables, pólizas y soporte documental de la partida «viáticos en el país», financiados con recursos propios ,realizó el pago de gastos por concepto de hospedaje, alimentación y transporte por la cantidad de 64 mil 582 pesos.
Como respuesta, el Inpode respondió que los servicios señalados respondieron a una “urgencia operativa” que requirió actuar de forma inmediata, sin seguir el procedimiento habitual del Comité de Adquisiciones.
Sin embargo, declaró como no solventada la observación, debido a que no presentó evidencia del acta del Comité donde se señale el motivo de la excepción al procedimiento de conformidad con la normativa, o la autorización para que el área administrativa procediera con la adjudicación de los servicios, así como los contratos formalizados con los proveedores de los servicios
En el monto más oneroso evidenciado en la documentación AEFPO-05-PARFIP-2024-01-003, otro probable daño o perjuicio por un monto de un millón 526 mil 830 pesos falta de documentación comprobatoria y justificativa del egreso.
Esta consistió concepto de transporte a diferentes ciudades, uniformes deportivos, servicios de vigilancia, alimentos, stand para la Feria Nacional Potosina (Fenapo) y estímulos a medallistas.
Al igual que, en los otros casos, la institución arguyó una “urgencia operativa” para desatender el procedimiento habitual del Comité de Adquisiciones, lo cual se considera justificada en casos como emergencias administrativas, pero no entregó evidencias de sus afirmaciones.
En la Recomendación AEFPO-05-PARFIP-2024-05-002, detectó el registro de cuentas pendientes por pagar derivados de servicios personales, proveedores, retenciones y contribuciones por 5 millones 399 mil 071, del cual, no se tiene evidencia de las gestiones llevadas a cabo para su pago, o el análisis para la depuración contable.
