San Luis Potosí, SLP.- La puesta en marcha del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad se encuentra en un punto delicado debido a la insuficiencia de recursos presupuestales, alertó el abogado José Mario de la Garza, quien señaló que sin una asignación económica adecuada existe el riesgo de que el nuevo modelo no funcione como se espera.
El especialista explicó que esta reforma implica un cambio estructural en la impartición de justicia, al migrar hacia un esquema de oralidad que demanda infraestructura distinta, capacitación especializada para el personal, salas adecuadas y herramientas tecnológicas, sin que hasta ahora se haya reflejado un aumento proporcional en el presupuesto del Poder Judicial.
“El presupuesto manda una señal muy clara de qué es lo que importa y a qué se le está apostando”, expresó, al advertir que la carencia de recursos coloca a las instituciones judiciales “contra reloj” para cumplir con los plazos establecidos para la implementación del nuevo sistema.
De la Garza puntualizó que el fondo del problema no radica en la reforma, sino en la manera en que se ejecuta. Recordó que en procesos anteriores, como la transición al sistema penal acusatorio, una implementación deficiente provocó la saturación de tribunales con asuntos de baja complejidad que pudieron resolverse por vías alternas.
Ante este escenario, enfatizó la necesidad de reforzar los mecanismos de mediación y conciliación, tanto en el ámbito penal como en el civil y familiar, con el objetivo de evitar que conflictos cotidianos lleguen de manera innecesaria a los juzgados. “Nadie quiere ir a juicio, la gente quiere resolver sus problemas”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó que la falta de infraestructura y de personal debidamente capacitado derive en resoluciones judiciales de baja calidad y en la prolongación de procesos que impactan directamente en la vida de las personas, como los casos de prisión preventiva por delitos menores.
En el plano político, el abogado se refirió al veto del Ejecutivo estatal a la denominada Ley Gobernadora, y explicó que, jurídicamente, el procedimiento implica devolver la iniciativa al Congreso para su análisis y una eventual nueva votación. No obstante, consideró que la decisión estuvo motivada principalmente por razones políticas.
“Era muy probable que la Corte invalidara la ley, así que se optó por frenarla a nivel local y dejarla en el congelador”, opinó, al considerar poco probable que el tema se retome en el corto plazo.
Finalmente, señaló que es válido promover iniciativas que impulsen una mayor participación de las mujeres en la vida pública, aunque advirtió que estas deben construirse con bases jurídicas sólidas y no como normas hechas a la medida, a fin de que superen cualquier revisión constitucional. “Hay que hacerlas bien para que se sostengan”, concluyó.
