San Luis Potosí, SLP.- La encargada de la Ley Sabina a nivel nacional en San Luis Potosí, Julia Montserrat Díaz Márquez, llamó a que el padrón de deudores alimentarios sea público, al considerar que la confidencialidad actual impide la prevención y la visibilización del abandono paterno hacia niñas, niños y adolescentes en la entidad.
“Quiero compartir que llevamos ya dos legislaturas con el tema de deudores alimentarios, y con un padrón que saben que es privado y privado no sirve”.
Díaz Márquez explicó que el carácter privado del padrón limita su efectividad, ya que sólo puede consultarse bajo autorización judicial y por personas con interés jurídico directo dentro de una carpeta específica.
“Vienen modificaciones a la ley que ha presentado la senadora Ruth González Silva, en cuestión de deudores alimentarios con los Afores, pero volvemos al tema, si no es público no sirve”.
En ese sentido, hizo un llamado directo a legisladores y autoridades para abrir el diálogo con colectivas y organizaciones, con el objetivo de transparentar el padrón existente.
“Actualmente el poder judicial ya lo tiene, ya no se necesita meter algún presupuesto pero es privado y si alguien no le da la orden al poder judicial, obviamente por temas de privacidad, aunque la corte ya dijo que no pasa nada ellos por tema de privacidad no lo hacen público”.
Como referencia, señaló los casos de la Ciudad de México y Oaxaca, donde los padrones son de consulta abierta y no incluyen datos sensibles, “tú puedes ingresar y sale toda la lista de los deudores y no trae datos sensibles, más que el nombre del deudor o la deudora y su CURP”.
Díaz Márquez subrayó que hacer público el padrón ayudaría a evidenciar una problemática estructural, en un país donde la mayoría de los hogares son encabezados por mujeres.
“Apoyaría mucho a visibilidad el abandono paterno, pues en México siete de cada 10 hogares son llevados por madres autónomas o madres solteras, como comúnmente se les conoce y muchas veces los hombres o mujeres que llegan a incurrir en este delito, se escudan en la tardía de los trámites y en el poder judicial para poder dilatar los procesos”.
Añadió que la señalización pública también tendría un efecto correctivo y preventivo, al proteger a las infancias y reducir la reincidencia
Finalmente, cuestionó las cifras oficiales del padrón en San Luis Potosí, al considerar que no corresponden con la magnitud real del problema en la entidad.
“Yo lo consulté hace dos meses y actualmente el padrón en San Luis Potosí, está en 181 personas inscritas, pero las cifras no me dan con tantas carpetas de violencia familiar o guarda y custodia 181 personas inscritas en un padrón privado no me dan las cuentas (la cifra real) hablamos arriba de millones, porque en San Luis Potosí, hay más de 2 millones de madres que pelean un tema familiar”.
