San Luis Potosí, SLP.- El Gobierno del Estado emitió un fallo complementario en el que se reconoce a Monserrat Ramírez Loyola como ganadora del proceso de asignación de concesiones de taxi de ruleteo para la capital y Soledad de Graciano Sánchez. La determinación, publicada el 10 de diciembre de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, da cumplimiento a una sentencia firme del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, que instruyó inaplicar un requisito de la Ley de Transporte por considerarlo discriminatorio.
La resolución judicial se originó en el juicio de amparo 1419/2022, cuyo recurso de revisión fue registrado bajo el número 349/2023. En esa resolución, el Tribunal ordenó al Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dejar sin efecto el requisito de cinco años de antigüedad como operador, establecido en el artículo 40, fracción I de la Ley de Transporte Público, al determinar que, en el caso específico, vulneraba los derechos de igualdad y no discriminación de la solicitante.
Tras la inaplicación del requisito, la autoridad estatal concluyó que Ramírez Loyola sí cumplía con los elementos sustanciales de la convocatoria emitida en febrero de 2020, por lo que debía integrarse como una de las ganadoras del proceso originalmente resuelto el 4 de agosto de 2022. El fallo complementario no modifica la convocatoria ni afecta los derechos de quienes ya cuentan con una concesión; su propósito es únicamente acatar la ejecutoria de amparo.
El acuerdo establece además que el otorgamiento de la concesión representa una medida de reparación frente a la exclusión estructural que históricamente ha limitado la participación de mujeres en el transporte público. La autoridad estatal destacó que el acatamiento de la sentencia forma parte de las obligaciones en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos previstas en la legislación nacional y en los tratados internacionales firmados por México.
Asimismo, se instruyó a la SCT a emitir de inmediato el título concesionario correspondiente y a formalizar la incorporación de Ramírez Loyola a los registros administrativos del sistema de transporte público. Según el Periódico Oficial, esta actuación debe realizarse con plena transparencia y legalidad, sin alterar el esquema previo de asignación de concesiones.
El caso no es único. En octubre pasado, la dependencia otorgó una concesión a Sandra Martínez Ávila por mandato judicial, en cumplimiento de otro amparo que también ordenó inaplicar el requisito de antigüedad. Ambos asuntos derivan de la convocatoria de 2020 y han reactivado la discusión sobre la manera en que ciertos criterios impactan la participación de mujeres en este sector.
Aunque el Ejecutivo estatal subrayó que la resolución a favor de Ramírez Loyola es excepcional y no genera precedentes para otros casos, la situación vuelve a evidenciar la necesidad de revisar los criterios de acceso a concesiones de transporte público y analizar si estos provocan efectos desiguales en grupos históricamente marginados.
